En el cierre de este año, la empresa Triple A ha dispuesto –al menos– 11 cuadrillas especializadas para el desarrollo de operativos para la detección de conexiones fraudulentas en los municipios costeros.
De acuerdo con la compañía, en lo corrido de 2023 se han detectado fraudes por un consumo calculado en 114.225 metros cúbicos de agua potable, cantidad requerida para abastecer un municipio como Juan de Acosta con cerca de 20 mil habitantes.
Este jueves, durante una reunión de seguimiento, se definió la necesidad de intensificar las medidas para reducir las pérdidas en el sistema y seguir garantizando así un servicio de calidad para los municipios de Tubará, Juan De Acosta, Usiacurí y Piojó, así como sus corregimientos.
“El aumento en el nivel de pérdidas de agua potable a causa del robo de la misma en esta zona, tiene un impacto negativo en la prestación del servicio para diversos sectores, lo que ha afectado la continuidad del suministro. Es por eso que hacemos énfasis en la importancia de no incurrir en estas prácticas delictivas y permanecer atentos como comunidad a los posibles casos que se puedan estar presentando, porque las consecuencias las sufrimos todos”, expresó la compañía.
En estos operativos –que se desarrollan de forma conjunta con las alcaldías de Piojó, Usiacurí, Tubará y Juan de Acosta, así como la Gobernación del Atlántico y el Acueducto Regional Costero– se han logrado detectar y anular un total de 322 irregularidades.
Triple A reiteró el llamado a la comunidad para informar sobre los casos de fraude de agua son relevantes para la prestación de un servicio de calidad. Dichas denuncias se pueden realizar a través de su línea 116 o el WhatsApp 3169006116.
El Código Penal, en su artículo 256, indica: que el que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, el código de policía en su artículo 31, establece que modificar o alterar redes o instalaciones de servicios públicos, acarrea una sanción de 367.709 pesos.
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